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El marco fijado en nuestro artículo anterior, implica luego de exponer algunas ideas frente aquellas primeras líneas de discusión o análisis hecho hace una semana, el de expresar en esta oportunidad una postura más jurídica, esto en el contexto del orden jurídico interno y de algunas instituciones del Estado Colombiano.

El asunto de Petro, como tal, ya había sido puesto en consideración del Consejo de Estado y allí bajo un “control de convencionalidad” se había predicado la circunstancia que determinarían el “levantamiento” de la sanción impuesta por el Ministerio Público, sin embargo, la decisión interna no resultó suficiente, allí la importancia del caso bajo estudio, que “despersonaliza” el hecho, e insta al predicado de índole convencional.

Estas consecuencias cobijarían procesos actuales y otros ya decididos, suscitados en el departamento de La Guajira, un ejemplo de ello sería el anuncio en el mes de junio de la citación audiencia del alcalde del Molino, por temas relacionados con contrato de suministro, y recientemente la sanción a el ex alcalde de Maicao.

El derrotero de nuestras reflexiones implicará por preguntas, llegar a un proceso de compresión para con los efectos de la decisión, y la primera de ellas sería, ¿debe reformarse la Constitución?, a lo que estoy de acuerdo con lo expresado por el profesor Briceño, es decir NO.

Ello queda claro con la lectura de la misma decisión, ante la cual no puede negarse, y es un hecho que demarca la línea jurídica de la Corte Internacional, que es válida la oportunidad para ir más allá del asunto, recordando las prerrogativas del artículo 8 de la misma convención.

Así las cosas, la decisión del “Tribunal”, no solo predica una situación ante el tema de Petro, que ya había sido solucionado, sino que además fue la oportunidad para ir más allá y recordar al Estado Colombiano su falta de articulación con el “acuerdo internacional”.

Ahora la segunda pregunta que con regularidad nos hacemos ante la decisión a instancias internacionales, deviene en determinar ¿Qué ha de pasar con las competencias y posibles consecuencias de los asuntos que hoy conoce la Procuraduría?, incluso de las mismas OCID del Estado (artículo 8).

El fallo, muy a pesar de los predicados que se han podido escuchar, guste o no, recuerda la incompetencia de la Procuraduría para en primera medida inhabilitar a las personas que a la fecha ostenten cargos de elección popular, o los procesos cuyos sujetos la “cualidad” sea esa, esto por contera lleva consecuencias sobre la sanción de destitución, incluso hilando delgado, las consecuencias de los procesos fiscales también se debían ver tocados.

Y esta situación no es porque el fallo en estudio así lo haya indicado, es porque una convención así lo determina, lo que ha hecho el Tribunal Internacional, y antes el Consejo de Estado, es aplicarla, por consiguiente, no se puede continuar aduciendo razones distintas de las jurídicas involucradas en el asunto, lo demás serán justificaciones retóricas, que nos dejan en riesgo de castigos patrimoniales.

La prudencia jurídica, si me es aceptada la expresión, demanda imperiosamente del Estado dos situaciones, la primera en el término que corresponda, presentar una demanda de interpretación, porque el fallo deja varios aspectos a dilucidar sobre las consecuencias y el cómo, no la orden.

La segunda, hasta tanto el andamiaje jurídico interno no se ponga a tono, debe encontrarse la medida que convenga a la Procuraría, en no seguir con sus decisiones desconociendo una convención.

¿Cuál es la reforma que conlleva entonces la decisión?, creo estar de acuerdo con las expresiones que concluyen como una consecuencia la imposibilidad que la autoridad administrativa determine sanciones de inhabilidad para cargos de elección popular, pero más allá de ello y propia de toda esta modificación, será ajustarnos a los postulados de imparcialidad que consigna el artículo 8 de la convención.

Ello al margen de cómo quede construida la nueva normatividad, imponen que la Procuraduría General de la Nación, se le determine una nueva organización interna, por lo menos a la luz de la lectura del artículo 8.

Es propio aprovechar el asunto y ajustar toda nuestra estructura interna a las garantías que se predican de la convención, no se puede seguir bajo un marco, que además de inadecuado a las “voces” de la convencionalidad, podría determinar consecuencias económicas para el Estado.

Así las cosas, la acción adecuada del Estado hoy ante la sentencia y las precisiones de la convención, es un llamado de alerta para que no se siga desconociendo una obligación, y por ella iniciemos la adecuación con un marco jurídico que corresponda a esa obligación, por consiguiente, según lo demanda el artículo 8 convencional, se garantice con una restructuración interna la imparcialidad de quien aplica la acción disciplinaria.

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