Polvorín jurídico y popular

Arles Antonio Peláez Solano
Arles Antonio Peláez Solano
Abogado, especialista en Derecho Probatorio, laboró como Fiscal Local durante 25 años y fue Defensor Público, fue profesor del colegio Remedios Solano de Barrancas. En la actualidad es litigante.

Desde el día cuatro del mes de agosto del presente año, fecha en que la Sala de Instrucción de la Honorable C.S.J, impusiera medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, a nivel nacional se han presentado unas series de reacciones en todo el País, algunas a favor y otras en contra.

Marchas de corte popular, se han desarrollado en todo en el territorio Nacional, algunos solidarios con el actual senador, quien para decir verdad le siguen un buen número de ciudadanos del País, para nada es un secreto que lidera un movimiento Político con mayoría senatorial en el congreso de Colombia.

Uribe Vélez es el ciudadano que en las últimas elecciones resultó ser el colombiano más votado para el poder Legislativo, con una votación de casi dos millones 500 mil votos y con lo que se obtuvo la no despreciable cantidad de 20 senadores, y 19 curules en la cámara de representantes.

Tampoco es un secreto, que es el mentor del actual presidente de los colombianos Iván Duque Márquez, que a decir verdad no había tenido mayor figuración política en las esferas del país.

Además de todas las reacciones, ya mencionadas, se ha llegado incluso al irrespeto por las instituciones, al punto que algunos han calificado la decisión de Honorable Corporación de tinte político, como si este organismo estuviese permeado por la politiquería que cunde en este país, como las otras instituciones, llámese Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Contraloría General e incluso la Defensoría del Pueblo.

Muchos de esos funcionarios son nombrados así no cumplan con los requisitos exigidos para dicho cargo, por ello es que desde la creación de esta Institución con la Constituyente del 91, no hemos hecho más que ver desfilar a funcionarios de este talante, que sin tener el más mínimo conocimiento en esta materia, aceptan la postulación y por ende la elección.

La Procuraduría General de la Nación, es elegido por el Senado de la República por terna que remiten el Presidente, la C.S.J. y el Consejo de Estado, obviamente, por lo regular siempre termina imponiéndose el nombre postulado por el primero al fin de cuentas es quien tiene el control político sobre los que seleccionan, a raíz de que con ocasión de la coaliciones políticas termina asumiendo mayoría para la aprobación de todos sus proyectos.

La Contraloría, al igual que la anterior Institución, se elige por el congreso en pleno, terna también el presidente, y al igual que la anterior, terminan designando al que este imponga, como ejemplo, solo basta con recordar la elección de Edgardo Maya, quien por capricho del anterior Presidente llegó incluso a extender la edad del retiro forzoso hasta los 70 años, en razón a que a esa edad practicamente fue elegido contralor general.

La Defensoría del Pueblo, que de cualquier manera es otro órgano de control, lo elige la Cámara de Representantes, ¿quién lo terna? También el presidente, con sus preferencias al punto de que antes que se produzca cualquiera de estas elecciones ya la prensa anticipa quien es el ganador, ello no por la meritocracia si no por el apoyo o complicidad para elegir a estos funcionarios, que de cualquier manera contribuyen con el tape-tape que algunos congresistas suelen llamar.

Luego entonces mal hace uno de tildar un fallo de la C.S.J. de politiquero, su elección dista mucho de parecerse a la de los funcionarios acabados de mencionar, y así uno no comparta la decisión del Organismo de Justicia, en un Estado Social de Derecho, las tiene que respetar, y no ponerse a levantar Polvorines de corte popular pretendiendo victimizar al procesado en aras de mantenerle su capital político.

No es otra cosa lo que ha pretendido el distinguido Jurista que representa los intereses del senador Uribe, cuando desde la fecha de la decisión solo se ha limitado a emitir comunicados de prensa, que no son propios del ejercicio de la labor defensorial que se le encomendó, ejemplo de lo que se expone, es que se juzga al destacado político bajo el manto de la ley 600/00, es decir que su característica principal es que es escritural, luego entonces por qué no convertir todos esos comunicados en verdaderos memoriales en aras de tumbar la medida que pesa contra su procurado.

Que no interpondrá recurso alguno, pues bien eso hace parte de su estrategia defensiva, para qué darla a conocer, si como audaz que es, sabe que ello no genera nulidad al fin de cuentas son meras estrategias, ponerse a decir lo que va o no hacer no tiene más que el propósito de victimizar a quien puede resultar victimario.

Por último, no puedo dejar pasar por desapercibido, la intromisión del Presidente de la República, en las decisiones de unos de los poderes Públicos, cuando la Constitución gobierna la separación de los mismos, al sugerir, que se deje en Libertad al exmandatario de los colombianos, con el baladí argumento para que se defienda mejor, si esa es su postura, creo que debe hacer extensiva dicha sugerencia a toda la población carcelaria del País, para que no aparezca como vulnerador de unos de los Derechos Fundamentales mas reclamados universalmente como lo es el de la Igualdad.    

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