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El Principio de Pacta sunt servanda, que expresa “los contratos soy ley para las partes”. Lo cual es roto por el principio del hecho del príncipe o el de la imprevisión en materia de contratación estatal.

El Estatuto de Contratación Estatal de Colombia en el artículo 32 contempla que “son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Estos contratos son celebrados en busca del cumplimiento de los fines del Estado, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses que le coadyuvan en el alcance de dichos fines. Contrato que se perfecciona cuando hay Acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y que dicho Acuerdo sea elevado a escrito.   

De todas maneras, la celebración de dichos contratos debe ser con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad, además de los postulados que rigen la función administrativa, e igualmente teniendo en cuenta las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, entre otros.

Ahora bien, la máxima institución del orden jurídico de Colombia (Constitución Nacional), vislumbra en el artículo 215 que cuando sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, sea declarado el estado de Emergencia por parte del Presidente con la firma de los Ministros; y en tal sentido podrá dictar Decretos con fuerza de Ley.

De allí, que el Presidente de la República, mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, haya declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica para todo el territorio Nacional mediante el cual se autorizó al Gobierno Nacional a hacer uso de la modalidad de contratación directa para que los sectores de la salud, prosperidad social, educación, defensa y todos aquéllos que requieran prestar atención a la población afectada, tengan la oportunidad de adquirir el suministro de bienes, prestación de servicios o la ejecución de obras que lleven consigo prevenir, contener y mitigar los efectos de la pandemia del covid-19.

Además de la facilidad de contratación directa en los casos de urgencia manifiesta, dispuesta en el numeral 4, literal del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el contenido del artículo 2.2.1.2.1.4.2. del Decreto 1082 de 2015, la Ley 80 de 1993 en el artículo 42 considera a la Urgencia manifiesta como excepción a elevar el contrato escrito para su perfeccionamiento.

Esto significa que elevar a escrito el contrato y acordar la contraprestación, puede hacerse después de la iniciación del contrato, sin que se olviden los principios de la contratación estatal. Valga decir que la etapa precontractual que comprende la planeación de la contratación quedaría postergada.

Lo anterior no significa que en los procesos de contratación se echen a un lado los principios de la contratación estatal; en tal sentido la Circular 014 de 2011, expedida en conjunto por La Contralora General de la República, el Auditor General de la República y el Procurador General de la Nación, planta que la contratación directa debe garantizar el cumplimiento de los principios de economía, transparencia y, en especial del deber de selección objetiva, establecidos en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

En la misma forma se pronunció la Corte Constitucional en su Sentencia C-949 proferida el 5 de septiembre de 2001, al precisar que la contratación directa no implica la exclusión de las normas y principios que garantizan la escogencia del sujeto que más convenga al Estado.

Sin embargo, frente a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus covid-19 que atraviesa nuestro país, en materia de contratación pública a todos los niveles se han presentado una serie de situaciones posiblemente irregulares que llaman la atención y que en verdad sería bueno saber el porqué de ello. ¿Vale entonces preguntarnos será por desconocimiento? o ¿será por abuso? La respuesta la planteamos en el próximo escrito.

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