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El Código de Policía y de Convivencia en su artículo 1.º expresa: “(…) Objeto: Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas, así como determinar el ejercicio del poder, la función y la actividad de Policía (…)”.

Con la entrada del Código de Policía el 30 de enero de 2017, los primeros seis (6) meses fueron de sanciones pedagógicas, finalizando estas el 30 de julio de la misma anualidad. A partir de ahí, se aplican sanciones económicas, alrededor de 357 comportamientos contrarios a la convivencia, teniendo como la conducta más transgredida y sancionada, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en el espacio público.

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En cuanto, a los pagos y cumplimiento de las medidas correctivas impuestas a personas naturales es ínfima; a contrario sensu, quienes están asumiendo la carga impositiva del Código, en términos monetarios, vendrían siendo los comerciantes, al ser sancionados con las disposiciones establecidas en el art. 92 y s.s. de dicha ley.

Respecto a la actividad de policía ejercida por los uniformados de la Policía, en la materialización de los medios y medidas correctivas de acuerdo con las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en diferentes estudios realizados, se estableció que, muchos omiten lo expresado en el artículo 27, Parágrafo 2; artículo 149 numeral 5; artículo 154; artículo 222 numeral 4; y 233 del Código de Policía e imponen las medidas correctivas.

Las normas antes vistas, tratan sobre “la mediación policial” su omisión conlleva, a desconfigurar el espíritu de la ley, entendiéndose esta, de carácter preventivo, al crecimiento de órdenes de comparendo, a la vez, congestiona las inspecciones de Policía, que resolverán en segunda instancia, la apelación de aquella actuación y decisión policial, que sin afanes y con buena aplicación de las normas, hubiera finiquitado en una mediación policial.

La inobservancia de la ley por parte de los actores, conlleva a buscar urgentemente, mecanismos distintos a la imposición de medidas correctivas que contengan sanciones económicas. Se tiene conocimiento que, estas no están siendo un elemento disuasivo para mejorar la convivencia ciudadana en las ciudades, prueba de ello, lo hemos visto por distintos medios en época de pandemia, contrariando incluso decretos para mantener el orden social y salvaguardar la vida.

Estamos a tiempo que, se presenten proyectos para modificar la ley, reiterando, que las sanciones económicas para las personas naturales no ha sido la solución, mucho menos, en tiempos de pandemia que, sin el más mínimo temor, en las diferentes ciudades del país, se han encontrado multitud de personas infringiendo prohibiciones del orden presidencial, departamental y local. 

Magnificando los tantos yerros que abarca dicha ley, en muchas de las estaciones de Policía ubicadas en el territorio nacional, desaparecieron la Oficina de Mediación Policial, antes (Oficina de Contravenciones), con el argumento, “que ya no es obligación o que no cuentan con suficiente personal”. Craso error, por lo relevante que es tener en una jurisdicción dicha oficina y la obligación contenida en la ley, de la autoridad policiva.

Recientemente, por un noticiero nacional, presentaron como noticia, el audio de un comandante de estación de Policía, exigiendo a los subordinados, la imposición de un mínimo de tres comparendos a cualquier ciudadano de un municipio del Cauca. Situación, que no es la primera ni la última, respecto a estas órdenes desacertadas a la aplicación del Código de Policía.

En un Estado consciente de lo fallido que, viene siendo la efectividad de las sanciones económicas, es pertinente, que dicha ley tenga como alternativa, sanciones en actividades cívicas, donde aquellos que la infrinjan, cumplan con trabajos de 8 horas en un día, para conmutar la sanción impuesta. Habiendo múltiples formas de que estas se cumplan con mayor eficacia, dependiendo de la gestión de cada ente territorial.

Bajo la premisa que antecede, además de modificar la ley, impulsaría la inversión social, generación de empleo, actitud motivacional de los infractores, mejora la relación entre la sociedad con las autoridades de Policía y se vería reflejada una mejor cultura ciudadana. Como decía un gran cantautor: ‘se las dejo ahí’.