Nuevamente, el gobierno central anuncia con bombos y
platillos y dentro de una gran parafernalia orquestada por los medios de
comunicación masiva, la gran “Reforma” a la Salud, o sea, a la legislación que
“controla” al sector salud y a cada uno de los actores que en él sus
malabarismos operativos y administrativos que han llevado al país, partiendo de
la fatídica ley 100 de 1994, a comercializar la salud y la vida de los
colombianos en aras del gran “negocio” 
por parte de estos engendros nacidos de la citada norma y sus actos
legislativos reglamentarios.

El inmenso despeñadero de recursos económicos en que se
convirtió el sector salud con la puesta en marcha de estas canallescas
organizaciones cambió el precepto sagrado de la salud, y, al tenor de sus
actuaciones, lo más importante para el sistema de salud colombiano no es el
paciente, no es su bienestar, no es la garantía de su salud y de su vida, aquí
lo más importante es la magna rentabilidad de los operadores del sistema, mal
llamadas empresas promotoras de la salud.
Dentro de ese orden de ideas se creó un ente ordenador y
decisorio que determina hasta donde pueden ellas “gastarle” recursos a cada
caso, es decir, paciente, sin atentar contra su “viabilidad económica”, y lo
llamaron Plan Operativo de Salud, el fatídico POS que dice que se le puede
tratar a un paciente y que nó, dependiendo no de la patología que presente el mismo
sino de los costos en que hay que incurrir para tratarlo, y si son siquiera
medianamente altos, son declarados por fuera del POS, o sea, de las
posibilidades de tratarlo porque ello afecta el equilibrio fatal diseñado en la
formula paciente-tratamiento por estas empresas que les permita ser un
“negocio” altamente rentable aun en abierto detrimento de la salud y la vida
del paciente, con la bendición, sospechosa y muy cuestionable, del alto
gobierno.
De allí nacen la serie de hechos que cada día se presentan
a lo largo y ancho del país y que han matado a más colombianos que la misa
guerra intestina que vivimos  durante
seis décadas, como los paseos de la muerte, los medicamentos y procedimientos
No-Pos, la comercialización canallesca y denigrante de la sagrada profesión de
la medicina, el indigno tratamiento que recibe el colombiano de a pié para
acceder o tratar de acceder a la atención medica que necesita para salvaguardar
su vida y su salud.
Todo ello bajo la vista complaciente del estado, y hoy se
nos plantea una nueva “reforma” a la salud en la cual una de las perlas más
brillantes y que pasaba desapercibida y no nombrada en ninguna de sus
cantinflescas intervenciones por el señor Ministro de la Protección, y es que
se privatizan, con un articulito “insignificante”, los recursos, más de treinta
billones de pesos anuales, que se destinan al sector de la salud una vez sean
girados a las voraces fauces de estos intermediarios letales engendrados por la
Ley 100 y sostenidos en el tiempo por todas las administraciones subsiguientes
a ella, muy bien “protegidas” por el ministerio de la “protección” y defendidas
por el propio presidente quien las declaró “intocables” en el colmo del cinismo
que lo caracteriza desde la bonachona sonrisa que utiliza para anunciarles a
los colombianos cada nueva pilatuna.
Cual reforma? Cuáles cambios?  Si el eje de la corruptela sigue allí. Donde
esta gestión del estado para hacerles pagar a las EPS los más de dos billones
de pesos que nos deben a los colombianos? Esto no se toca
en la cacareada “REFORMA”, todo lo contrario, ahora se les va a entregar en
bandeja la totalidad de los recursos del sector a través de su privatización
para evadir de golpe y porrazo todos los controles y la vigilancia existentes
en el manejo de los recursos estatales, y las convierten en intocables para la
ley e inalcanzables para la justicia. Esa es la nueva reforma, y recordemos
siempre que “los pueblos se merecen su suerte”.
Escribió José Ceferino Illidge Gómez

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