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Karen Abudinen no se imaginó que la fama le iba llegar en forma de verbo, ni que su apellido pasaría a la historia como el origen de una expresión que recoge tantos elementos asociados a la corrupción. Las expresiones idiomáticas las va construyendo la gente casi sin darse cuenta y solo después de estar lo suficientemente apropiadas por un colectivo humano, llega la autoridad lingüística y las convalida. Eso será lo que pasará, más temprano que tarde, en este país y en el mundo hispano, con el verbo ‘abudinear’.

Karen Abudinen, uno de los alfiles de la casa Char, era una consentida del régimen. Pasó por el Icbf durante el gobierno Santos de manera desapercibida, digo yo, porque los infantes Wayuu se siguieron muriendo de hambre delante de las políticas de bienestar familiar; el gran Duque, dándole complacencias a la Casa Char, la nombró primero como Consejera y después como ministra en Ciencia y Tecnología y dice la prensa regional que Karen estaba ya lista para ser la sucesora de Elsa Noguera en la Gobernación del Atlántico.  Todo iba bien hasta que los sucesos conocidos del Mintic llevaron a que la gente comenzara a hablar de ‘abudinear’.

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De ahora en adelante abudinear tendrá la connotación de hacer lo posible y lo imposible para apoderarse de los recursos públicos, pero siempre haciendo creer que se actúa con transparencia; significará que formalmente se abren convocatorias para adjudicar la contratación estatal.

Sin embargo, por debajo de la mesa se dirigen las operaciones para que los beneficiarios sean los amigos financiadores de las campañas políticas; significará también adjudicar a dedo las obras públicas, tener burocracia amiga que encubra los procedimientos irregulares y tener amigos en el poder judicial y en los órganos de control para engavetar procesos mientras llega la prescripción de los mismos.  

Pero la gente comenzó a hablar de abudinear cuando se conocieron los detalles de la contratación que hiciera el MinTic por más de un billón de pesos y que actualmente tiene más de 70.000 millones de pesos embolatados.

Mintic contrató con el consorcio Centros Poblados conformado por cuatro firmas, y después se vino a saber: primero, que no tenían  experiencia suficiente en el área de telecomunicaciones; segundo, que hicieron modificaciones de última hora en sus razones sociales tratando de adaptarse a la materia contractual.

Tercero, que todos tenían vinculaciones no muy santas con personajes de mala recordación en materia de contratación estatal como Emilio Tapias y sus amigos (recordar el cartel de la contratación de Bogotá que todavía tiene a más de uno tras las rejas); y cuarto, que presentaron hasta pólizas de garantías falsas aceptadas en primera instancia por Karen y su gente. Fueron tantas las irregularidades que hacía falta un verbo que simplificara el cómo referirse a ellas. Por eso apareció ‘abudinear’.

Y en La Guajira también comenzó a sonar abudinear. Al fin surgió un término que recogiera todas esas mañas de la contratación estatal tan frecuentes en nuestro medio y que han llevado a más de un gobernante a estar tras las rejas, la mayoría de las veces, por tratar de burlar la ley con la contratación estatal. Contratación amañada para beneficio de la clientela y para financiar las campañas electorales que garanticen el mantenerse en el poder local y además, con el engavetamiento de procesos con burocracia amiga o negociada para que en últimas, triunfe el delito.

Ejemplos hay tantos que no necesitan recordación. El mismo negociado del Mintic de Karen tiene su rama en La Guajira: una de las cuatro empresas que conformaron Centros Poblados es Funtics que en el año 2016 contrató con el Departamento de La Guajira $20.451.304.686,37 para “implementar estrategias de aprovechamiento de las Tic para el desarrollo del sector educativo”.

Debe ser que estos más de 20.000 millones de pesos fueron abudineados porque según el Dane en su última medición, el porcentaje de hogares con internet en La Guajira es apenas del 21.5 %, muy similar a la cobertura en instituciones educativas. A lo mejor, la Procuraduría, la Contraloría o la Fiscalía saben algo de esta contratación.

Así las cosas, y mientras no exista un verdadero plan efectivo contra la corrupción, mientras la sociedad civil no asuma su papel como defensora de los recursos públicos y sancione socialmente a quien se los embolsille, seguiremos teniendo gobernantes abudineadores, marrulleros que ponen el interés personal y el de sus grupos políticos, por encima del bienestar de la ciudadanía. Seguirán abudineando porque Ud, nosotros y yo se lo hemos permitido. Todavía hay tiempo de atajar tan nefastas prácticas.