Una decisión para reflexionar

Arles Antonio Peláez Solano
Arles Antonio Peláez Solano
Abogado, especialista en Derecho Probatorio, laboró como Fiscal Local durante 25 años y fue Defensor Público, fue profesor del colegio Remedios Solano de Barrancas. En la actualidad es litigante.

Para iniciar este escrito debemos parafrasear a un famoso locutor deportivo conocido por todos los amantes del fútbol, que al referirse al arquero de nuestra tricolor siempre expresa “Tú tranquilo”.

Pues esa sería la recomendación que le daríamos al mandatario de los riohacheros al reflexionar sobre la reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación, que dispuso suspender por tres meses en el ejercicio de sus cargo, supuestamente por no atender una recomendaciones en una contrataciones de un servicio básico para la capital de La Guajira concesionado por treinta años.

La expresión antes mencionada encuentra su justificación a nuestro parecer en razón a que conocemos a la perfección la posición del honorable presidente de la república Gustavo Petro Urrego sobre estas decisiones de suspensión administrativa a los funcionarios elegidos popularmente, que según el artículo 32 de la Ley 1617 del 2023 le daría competencia para la designación de cargo o reemplazo radica en la del presidente de la república por tratarse Riohacha de un distrito especial Turístico.

Y ya es de conocimiento que sobre estas decisiones el presidente tiene su concepto bien claro al negarle ese derecho o esa facultad a los entes de control administrativo distinto del derecho penal.

Es tan cierto lo expuesto que casi que coincidiendo con la fecha de la decisión de suspensión del mandatario local, el presidente de la República al referirse a un comentario de la procuradora General de la nación Margarita Cabello Blanco, sobre las reformas de origen gubernamental en trinos y públicamente manifestó “que la intención de esta funcionaria no era más que inmiscuirse en el legislativo con propósito de lanzar amenaza de aprobarse las mismas, en el evento de una aprobación a la ya mencionada reforma”.

Se reitera que en efecto, es al presidente a quien le corresponde por ley en el evento de una sanción como la aquí comentaba; y también es darle recordar que el mismo presidente fue objeto de una sanción por el organismo aquí mencionado el día 09 de diciembre del 2013 por el entonces procurador Alejandro Ordoñez quien lo suspendió y lo inhabilitó por 15 años, decisión que fue sometida a chequeo jurídico por la CIDH quien mediante concepto del 23 de Abril del 2014 sugirió al presidente de la República Juan Manuel Santos el reintegro de Petro Urrego como alcalde de los bogotanos, que inicialmente no acogió la sugerencia pero al final terminó aceptando las mismas y reintegrando al alcalde a su cargo.

El 15 de noviembre del 2017 el presidente actual de los colombianos recibe un espaldarazo de parte del Consejo de Estado, quien al fallar demanda por el acto administrativo ya cuestionado, terminó dándole la razón lo que en efecto, le posibilitó la candidatura a la presidencia, y el mandato que hoy ejerce.

Recientemente la Corte Constitucional en sentencia de control C030 del presente año manifestó que la procuraduría no puede inhabilitar a funcionario público elegido por voto popular, en un galimatías los magistrados ponentes Juan Carlos Cotes González y José Fernando Reyes Cuarte concluyen lo ya manifestado pero sí le otorga facultades para sancionar, a nuestro juicio la consecuencia de una suspensión es una sanción; en el derecho disciplinario se opta por esa medida cuando se pretende concluir con la sanción a efecto de evitar que se siga diezmando a la administración pública o poniendo en peligro; respetada posición compartida parcialmente. Similar suerte correrían los concejales a quienes se les abrieron investigación por parte de la procuraduría general de la nación por el presente asunto, porque su origen es eminentemente popular, y no de designación administrativa alguna; cosa distinta para concluir, sería el caso de los secretarios inmiscuidos en esta investigación para quienes la procuraduría tiene todo el derecho y competencia de investigarlos en razón al origen de su designación.

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