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Irrectractivibilidad del allanamiento a cargos

Como es bien sabido por todos, a partir del primero de enero del año 2005, entró a regir en Colombia la Ley 906/04, de manera gradual y progresiva en la forma como se indica en el artículo 530 de la misma obra, en etapas, siendo la de la región Caribe la última, la cual empezó a partir del 1.º de enero del 2008, es decir que la desventaja con los otros distritos judiciales promediaba los tres años de diferencia.

Para la época que nos correspondió a nosotros este nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, laboramos como Defensor Público, precisamente en la disciplina penal, que tiempos aquellos, para nunca olvidar, la preocupación de nuestro Jefe inmediato el doctor Fernando López Suárez (Q.E.P.D.).

Era un hombre responsable y de mucha dedicación a su trabajo, a quienes acudían los fiscales de Turno a cualquier hora para que le suministrara el nombre de Defensores públicos disponibles, salía a la casa de nosotros y nos tocaba la puerta sin ser apremiantes en la necesidad, la cual podía esperar unas horas, para nada invalidaría la captura como en efecto hoy acontece, pero era entendible que apenas estábamos en los comienzos de este sistema.

El equipo de compañeros, selectos, comprometidos con el aprendizaje, y en nuestras Barras académicas de todos los viernes los temas tratados eran casos que de cualquier manera se consideraban complejos o jurisprudencias sobre el tema.

El equipo de capacitación de la Unidad de apoyo del nivel central, era de la más alta calidad del País, varios han pasado por altas corporaciones, la Corte Suprema de Justicia, hoy se cuenta con el doctor Cesar Reyes, un académico en todo el sentido de la palabra; y ni que decir de los Defensores del Pueblo que nos correspondió en cuanto la dotación de libros publicados por la misma Defensoría del Pueblo.

Acotada, esa breve historia de nuestro paso por la Defensoría del Pueblo, no puedo olvidar, uno de los casos que más me conmocionó, para aquel entonces, no recuerdo la fecha, pero debió suceder entre los años 2007 al 2008, a él le dedico el título de esta columna, los nombres de los protagonistas serán objetos de reserva por razones obvias.

Cualquier, cualquier día no recuerdo de que año ni mes en la ciudad de Riohacha, se realizó una diligencia de allanamiento y registro a la residencia de Orlando Ladino, quien al parecer utilizaba la misma ubicada en la calle 97 con carrera 45 para la comercialización de sustancias psicotrópicas; para el momento de la diligencia llegó a visitarlo desde la ciudad de Chía Cundinamarca su hijo mayor Javier, en compañía de su esposa y de su hijo de escasos meses de edad.

En el chequeo a la residencia, efectivamente se encontró drogas, que motivaron el allanamiento, razón por la cual, y con fundamento en la ley se le iba a privar de la libertad al residente de la casa, el padre de Javier, a lo que el mismo se opuso y aras de proteger a su progenitor, argumentó ser el dueño de la sustancia encontrada, y sin importar el evento comentado se captura y se pone a disposición de la Fiscalía.

Para completar su mala racha, en portería del Palacio se le entrega la tarjeta de un profesional del Derecho, de apellido Mosquer, que jamás he escuchado en la Ciudad, quien lo atiende en las diligencias preliminares y lo allana a los cargos no obstante poder probar que su llegada a la Ciudad es anterior al inicio de la Diligencia, contaba con los tiquetes de la compañía que les trajo a esta ciudad.

Al verificarse la diligencia por el Juez de conocimiento, el contenido del artículo 293 del C:P:P, era totalmente diferente al que hoy se gobierna, incluso ni siquiera se contaba con el Parágrafo del artículo 69 de la ley 1453/11, es decir, no se contemplaba la posibilidad de una retractación a los cargos, muy por el contrario existían importantes sentencias, que reafirmaban la postura legal del momento como la C 1195 de Araujo Rentería, que gobernaba que la Aceptación de la Imputación Imposibilitaba la Retractación.

El Juez, de conocimiento para nosotros, el mejor de todos los tiempos, sabía de la inocencia de Javier, lo deja plasmado en el Audio;  textualmente expreso: “ Por ahí a esta casa Judicial un pajarito le dijo que Usted nada tenía que ver con este asunto, pero como usted se allanó y esto no admite retractación”.

El Fiscal del caso también conocedor de la situación, le sugirió al Juez acudir a la Constitución, sin eco alguno y el suscrito se saciaba en demostrar su inocencia, y error cometido, trayendo a colación la famosa sentencia que el yerro inicial no lo obligaba a lo definitivo, tampoco se nos escuchó con el vil argumento de irretractibilidad del allanamiento a cargos.

Al final se condenó a Javier, a purgar una pena por un delito que no cometió, nos olvidamos del pensamiento “Que más vale que mil malhechores queden libres que condenar a un inocente”. 

Hoy, las reiteradas Jurisprudencias de la Honorable Corte Suprema de Justicia y por qué no de la Constitucional, son coincidentes en afirmar, que es posible la retractación cuando sea violatoria de garantías fundamentales, como ejemplo cito la 37668/12, doctora María Del Pilar y muchas más que llevaron al legislador a modificar el Código Ritual, agregando el Parágrafo del Art 69 de la ley 1453/11.

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