Por Antenor Durán Carrillo
Como lo consagra la constitución del año 1991 en su artículo primero, Colombia es un país organizado como república unitaria descentralizada, con autónoma de sus entidades territoriales. Esta que ha sido una de las principales banderas de nuestros líderes regionales a través de los años y conquista del ideario liberal de los constituyentes costeños.
Esta autonomía que convoco a los líderes de todos los partidos en el voto de la región Caribe para defenderla, definitivamente quedo como letra muerta en las recientes reformas y leyes aprobadas en el congreso.
El viejo precepto de la centralización política y la descentralización administrativa, que pensábamos ya había desaparecido con la constitución de 1886, sigue más fuerte que nunca en las políticas nacionales de nuestros gobernantes, contrariando el espíritu de la nueva carta constitucional vigente.
La verdadera autonomía de las entidades territoriales, no puede ser entendida solo como la capacidad de estas para elegir a sus Representantes, la autonomía es mucho más que eso, la autonomía es la verdadera capacidad para tomar decisiones y disposición clara para actuar en defensa de sus habitantes o conciudadanos. Esta se quiere convertir hoy desafortunadamente en una manifestación de claudicantes y de sumisión a las entidades territoriales por los poderes centralista, desconociendo la ley de leyes, en sus artículos 360 y 361 sobre los recursos naturales no renovables y el legitimo derecho a las regalías . Igualmente en el derecho para convertirnos en región administrativa y de planificación, de conformidad con los artículos 306 y 307 de la C. N.
Con la aprobación del acto legislativo 005 del 2011, se cambio por ejemplo el fondo nacional de regalías por el nuevo sistema general de regalías, que acabo con el concepto de regalías directas por las asignaciones, que a través de los fondos ya conocidos estarán orientadas y manejadas por las políticas del centralismo de Planeación Nacional y el ministerio de hacienda y que a través de los OCAD dilatan y manipulan la poca participación que se recibe, convirtiendo a los mandatarios departamentales y municipales en viajeros permanentes de las aéreo líneas nacionales. La activa y valerosa participación del gobernador Juan Francisco Gómez y todos los alcaldes de la guajira en la aprobación reciente de los recursos de los OCAD evito que esa penosa agonía se prolongara.
Todavía la inmensa mayoría de nuestra población guajira y gran parte de la nacional se sigue preguntado cómo se pudo llegar tan lejos en el congreso para ceder unas conquistas ganadas en materia de autonomía y descentralización en tiempos pasados, y como, muchas regiones se dejaron engañar con la famosa mermelada del ministro de Hacienda que se repartiría en toda la torta, como también nuestra corte constitucional pudo acomodar un fallo en contra de los precedentes jurisprudencia les ya conocidos sobre las consultas previas con las comunidades que resultarían afectadas, principalmente en su educación y en su salud.
Muchas cosas deben hacerse para recomponer el camino que hemos perdido en materia de autonomía y en la defensa de nuestros derechos como departamento y como región Caribe.