Desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada hace 8 años, el Estado colombiano ha invertido alrededor de 3,4 billones de pesos. Para muchos, ese dinero se ha esfumado entre burocracia, asesorías y proyectos con ONG, mientras las víctimas ven cómo después de años solo existe una sentencia, calificada como irrisoria y ajena al dolor de quienes sufrieron crímenes de guerra y lesa humanidad.
La senadora y aspirante presidencial María Fernanda Cabal cuestionó con dureza este panorama. Recordó que desde el inicio advirtió que el Acuerdo de La Habana no era más que un pacto de élites políticas, acomodadas a la izquierda para evitar ser señaladas. Según ella, esas élites ignoran a las regiones, donde la violencia sigue cobrándose la vida de colombianos.
“Las FARC no eran campesinos, eran una empresa criminal”
Cabal indicó que las Farc nunca fueron campesinos en lucha, sino una organización criminal transnacional y multimillonaria. “Qué vergüenza”, expresó, al recalcar que el verdadero castigo es la base para una compensación real a las víctimas. Añadió que seguirá insistiendo en que los responsables respondan ante la Corte Penal Internacional.
La congresista también denunció un desequilibrio en el trato judicial. Señaló que más de 14.000 militares están encartados, en muchos casos por un uso abusivo de las normas que pretendían limitar la responsabilidad a los máximos responsables. En contraste, alrededor de 9.000 excombatientes de la guerrilla fueron beneficiados con amnistías, lo que para ella refleja un pacto profundamente desigual.
