En un reciente fallo, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente una acción de tutela interpuesta con el fin de reabrir el proceso de nulidad electoral contra la personera del municipio de Fonseca, María Auxiliadora Medina Pitre. El máximo tribunal administrativo del país concluyó que la solicitud no cumplía con el requisito de relevancia constitucional, ya que el propósito del demandante era volver a debatir un asunto ya resuelto en la jurisdicción ordinaria.
La tutela había sido presentada por Aroldo Enrique Rincones Ávila, quien a través de su abogado alegaba la vulneración de varios de sus derechos fundamentales, tales como el debido proceso, la igualdad, el derecho al trabajo, el mínimo vital y los principios de buena fe, confianza legítima, legalidad y seguridad jurídica. Rincones Ávila argumentó que dichos derechos fueron violados por el Tribunal Administrativo de La Guajira cuando este, el 19 de junio de 2024, emitió una providencia dentro del proceso de nulidad electoral en la que se confirmaba la elección de Medina Pitre como personera de Fonseca.
El demandante solicitaba que, a través de la acción de tutela, se declarara la nulidad del acto administrativo que formalizó la elección de la personera, con el argumento de que dicho acto vulneraba los derechos previamente mencionados. Sin embargo, el Consejo de Estado, en su análisis, determinó que la tutela no era el mecanismo adecuado para reabrir una controversia que ya había sido agotada en la vía judicial correspondiente. En este sentido, el tribunal aclaró que la acción de tutela no puede ser utilizada como una “tercera instancia” para casos que ya han sido decididos en el marco de los procedimientos ordinarios establecidos por la ley.
En su fallo, el Consejo de Estado enfatizó que la controversia presentada por Rincones Ávila implicaba la reapertura de un debate que ya había sido resuelto de manera definitiva por el Tribunal Administrativo de La Guajira. El uso de la tutela, en este caso, se consideró improcedente porque pretendía generar una instancia adicional, lo cual va en contra de la naturaleza de este mecanismo de protección de derechos fundamentales, que es subsidiario y residual.
Finalmente, la Sala del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela debido a la falta de relevancia constitucional en el caso. En su parte resolutiva, el tribunal ratificó que la solicitud no cumplía con los requisitos exigidos para ser admitida, destacando que el proceso de nulidad electoral ya había sido decidido conforme a los principios legales aplicables.
Este fallo reafirma la jurisprudencia en torno al uso de la acción de tutela, la cual no puede ser utilizada para revivir litigios ya concluidos en otras instancias judiciales, asegurando así la estabilidad de las decisiones judiciales y el respeto a la seguridad jurídica.
