Martha Lucia Lubo Palacio, Eduardo Fragoso Daza, Dollis Acevedo Silva, Eriberto Ibarra Campo, Delay Magdaniel
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No muy convencido por el informe que la Administradora Temporal en Educación le entregó a la asamblea de La Guajira, quedó el diputado por el partido Mais, Eriberto Antonio Ibarra Campo, porque observó como estuviera ‘acicalado’.

Ibarra Campo es uno de los 11 diputados que conforma la Duma Departamental, al igual que a Delay Manuel Magdaniel Hernández a quien tampoco le sonó la flauta y no quedó muy convencido de las bonitas palabras de Dollis Acevedo Silva, Gerente para el PAE Guajira y Eduardo Fragoso Daza, gerente de ETC de La Guajira; quienes les pidieron facultades para contratar el Plan de Alimentación Escolar para el año 2021.

Manifestó Magdaniel Hernández que es contradictorio saber que han administrado los recursos de la educación durante 4 años y ahora vienen a solicitar facultades y cómo se explica eso.

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Igualmente, la diputada Martha Lucía Lubo, argumentó desde la Asamblea Departamental, que se le entreguen las competencias en todos los sectores en cual está intervenido el Departamento por la Nación, además, ha propuesto en reiteradas ocasiones que los proveedores del PAE sean guajiros. «En La Guajira producimos yuca, plátano, auyama; también hay cooperativas lecheras y productos cárnicos, y se produce de todo lo que se necesita para proveer el programa», expresó.

Precisó que para recuperar las competencias los indicadores de gestión no requieren mayor complejidad. «Lo que debe hacer cada alcalde u organismo a cargo del programa es actualizar los manuales de contratación, incluir dentro de esos manuales un supervisor y así mejorar los indicadores que hoy nos impiden tener el control de este sector en el Departamento.

Por su parte, el diputada del partido Mais, precisó que, para escucharlos detenidamente se le debe realizar un debate de control político para que expliquen de muy buena forma cómo es que se han gastado COP $32 mil millones sin ningún contratiempo, como también ninguna irregularidad.

Asimismo, Ibarra Campo manifiesta que en los próximos días presentará una proposición que busca citar a estos funcionarios del resorte nacional y departamental a entregarles cuentas claras a los guajiros a través de la Asamblea de La Guajira.

«En las sesiones ordinarias presentaremos la proposición citando a estos operadores y a la interventoría del programa, e invitamos a la Contraloría, a la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría Regional de La Guajira; porque debemos tener claridad en que se invierten los recursos de los guajiros».

En dicho informe que solicitó la Asamblea Departamental a la Administradora Temporal en Educación en el programa de alimentación escolar PAE, detectamos muchas falencias que generó dudas y amerita un debate de control político, advierte Ibarra Campo.

«Es de observar que en Colombia se abre indagaciones preliminares e imputan cargos a muchos gobernantes, lo que causa mayor curiosidad es que aquí en La Guajira ahora no pasa nada, COP $32 mil millones costó el PAE en 12 municipios de La Guajira, ojo los más pequeños, con pandemia y todo y al parecer no hay sobrecostos, hay que revisar facturas», terminó diciendo Eriberto Ibarra Campo.