Los habitantes de los corregimientos de Matitas y Tigreras, quienes últimamente han estado en medio de enfrentamiento y hechos de sangre, situación por la que han tenido que desplazarse a otros lugares, es preocupación de la Procuraduría General de la Nación.
En ese sentido, el ministerio Público requirió a la alcaldía de Riohacha información sobre las acciones emprendidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado que han llegado a la ciudad desde el pasado 28 de agosto, procedentes de los corregimientos mencionados.
En desarrollo de una acción preventiva, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira pidió, además, una relación de las gestiones realizadas para brindarles alojamiento temporal, alimentación, acceso a servicios médicos, vestuario y transporte de emergencia, asistencia entendida como la necesaria para la atención inmediata de esa población que está a cargo de las administraciones municipales.
Igualmente, solicitó indicar si ya se estructuró el plan de contingencia correspondiente, y si ya se apropió el rubro presupuestal destinado para la atención de esa población víctima.
El órgano de control recalcó en su comunicación que las entidades territoriales “tienen el deber de priorizar en la ejecución del respectivo presupuesto, la atención de la población desplazada por la violencia, así como de atender en primer lugar todas las solicitudes de atención humanitaria, constituyendo esta un título de gasto prevalente sobre las demás obligaciones”.
