La apertura de la XV Cumbre del Foro Mundial de Migración y Desarrollo (FMMD), que por primera vez se celebra en Riohacha, no empezó con un tono diplomático, la decisión de que sólo asistiría una persona delegada de los más de 70 representantes presentes, provenientes diferentes países, a la apertura del Foro, avivó el llamado a “Resistir, Reclamar y Reconocer”, lema del mecanismo de sociedad civil adoptó para solicitar ser tomados en cuenta de manera real.
El llamado urgente de la sociedad civil fue escuchado durante el acto de apertura ante los diplomáticos presentes, y se escuchó a través de la voz de Nidia Tarazona, representante de Colombia, quien denunció la exclusión de los migrantes en los espacios de decisión y la criminalización que padecen en todo el mundo.
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“Hoy debo reconocer a quiénes no están presentes en esta sala y que representan a millones de migrantes y sus comunidades en todo el mundo”, expresó al iniciar su intervención, recordando que, aunque son 74 las personas delegadas de la sociedad civil acreditadas, solo ella tuvo acceso al espacio central del Foro. Para la oradora, esta es una muestra de la desigualdad que persiste: “No se puede hablar de las personas migrantes sin ellas”, indicó Tarazona en su discurso que fue escuchado con atención por los presentes.
La representante fue enfática al señalar que “migrar no es un delito. La movilidad humana es un derecho”. Con estas palabras cuestionó las políticas que persiguen, detienen o separan familias en nombre de la seguridad. “Cuando se les criminaliza, no solo se violan derechos fundamentales, también se profundiza el dolor y la desigualdad”, subrayó.
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En su discurso también denunció lo que calificó como una regresión global en materia de derechos humanos. “Estamos viendo las separaciones forzadas de padres e hijos, las deportaciones de personas durante sus ceremonias de naturalización, y un genocidio en Gaza con ninguna respuesta de la comunidad internacional”, dijo con firmeza, cerrando esa idea con un grito que estremeció el auditorio: “Que viva Palestina Libre”.
Más allá de la denuncia, la vocera planteó exigencias concretas: “Instamos a armonizar la legislación nacional de cada uno de los países presentes con los Principios y Derechos Fundamentales, garantizando que toda persona migrante, sin distinción alguna, goce del acceso a la identidad, educación, salud física y mental, condiciones laborales dignas, protección social efectiva y acceso a la justicia”.
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Consciente de que este Foro pretende ser un espacio de encuentro entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, la representante lanzó un reto a los Estados: “Los gobiernos tienen otros espacios y diálogos intergubernamentales, pero este es el único espacio verdaderamente dirigido por los Estados miembros que cuenta con la participación de las partes interesadas. Por lo tanto, todas las sesiones deben celebrarse con una representación suficiente de las personas migrantes y de quienes los representan”.
El discurso cerró con un llamado que sonó más a consigna que a conclusión: “Debemos resistir estas violaciones de las obligaciones internacionales. Debemos reclamar lo que hemos perdido. Debemos reconocer que los derechos de las personas migrantes son derechos humanos, y los derechos humanos no son negociables”. Y dejó en el aire una pregunta que incomodó a más de un gobierno: “¿De qué lado de la historia quieren estar? Migrar no debe significar perder derechos, sino ejercerlos plenamente. Únanse a las personas migrantes”.
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Con la campaña Resistir, Reclamar y Reconocer, la sociedad civil fijó un tono desafiante y crítico en la Cumbre. Más que adornar el protocolo, su voz fue recordatorio de que la migración no se discute en abstracto: se vive en carne propia, y negarla en los foros internacionales es perpetuar la exclusión.
