César A. Arismendi Morales
César A. Arismendi Morales.
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El Tribunal Superior de Riohacha respondió oficialmente a la Veeduría para la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017 un derecho de petición en donde se solicitaba que determinara exactamente la fecha en la cual el Gobierno Nacional y las entidades territoriales accionadas deberán presentar el Plan de Acción ordenado por la Corte Constitucional.

En oficio del 20 de agosto, Cesar Arismendi Morales, coordinador técnico de la Veeduría le reiteró al magistrado Jhon Rusber Noreña Betancourt que “para nosotros, como equipo de Veeduría a la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, la información respecto a cuál es la fecha exacta en la que se vence el término otorgado por su honorable despacho para la presentación del mecanismo, resulta fundamental para poder dirigir nuestras acciones de manera proactiva.

Este plazo es importante en aras de trabajar de forma coordinada con las entidades accionadas, los organismos de control y el pueblo wayuu, y procurar el goce efectivo de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad wayuu. Lo anterior, con el fin de lograr la superación del estado de cosas inconstitucional de La Guajira declarado en la Sentencia T – 302 de 2017.

El comunicado oficial de respuesta del Tribunal se constituye en una esperanzadora noticia en donde se señala que el Plan de Acción que estructuran 19 instituciones del Gobierno Nacional y 5 territoriales de La Guajira, formalmente debe presentarse en 6 meses a partir del 9 de marzo de 2020.

Así las cosas, el 9 de septiembre será la fecha cumbre esperada por los wayuu para conocer las acciones que se ejecutarán en cumplimiento de la Sentencia que protege a la infancia indígena bajo los principios del desarrollo armónico, gradualidad, universalidad, calidad y sostenibilidad.

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