“Obras son amores y no buenas razones”, dice con sabiduría el viejo refrán español. Lo traigo a colación a propósito de una noticia que, sin estridencias ni discursos grandilocuentes, da cuenta de hechos concretos que hoy marcan una diferencia real en La Guajira, particularmente para las comunidades más golpeadas por el abandono histórico: el pueblo Wayuu.
Se trata de la puesta en funcionamiento de 28 plantas potabilizadoras de agua, alimentadas por 40 pozos profundos recuperados y ocho pozos nuevos, que hoy benefician a cerca de 25 mil personas de 81 comunidades indígenas en los municipios de Uribia y Maicao. Estas obras fueron ejecutadas por el Grupo Aval y Promigas, con el apoyo del Grupo Prisa Media y W Radio, en el marco de la denominada Misión La Guajira.
Pero el impacto va mucho más allá del acceso al agua potable. Los sistemas de bombeo funcionan con paneles solares que, además, permiten puntos de conexión eléctrica, refrigeración de alimentos y medicamentos, acceso gratuito a internet, Wifi comunitario y contenidos educativos a través de la plataforma Aprende con Claro. Es decir, soluciones integrales pensadas para mejorar la calidad de vida, no simples paliativos.
Lo verdaderamente significativo es que estas obras se materializaron en apenas dos años desde que se anunció la Misión La Guajira, que comenzó a gestarse en la comunidad de Kaikashi. Dos años bastaron para hacer lo que el Estado colombiano no ha logrado en décadas, pese a sentencias judiciales, declaratorias de emergencia y discursos reiterados.
Con razón el presidente de la junta directiva del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, afirmó que “con orgullo, Misión La Guajira cumplió su compromiso en el territorio”, advirtiendo, además, que el verdadero reto es que estas soluciones se mantengan, funcionen y generen bienestar en el tiempo. Y tiene razón. Esa responsabilidad recae ahora en las comunidades beneficiarias, en las autoridades locales y en el propio departamento.
Estas acciones no pueden reducirse a un acto de filantropía ocasional. Son, a mi juicio, una expresión clara de lo que denomino Responsabilidad Social Empresarial ampliada, mucho más cercana al concepto moderno de RSE y a la teoría del Valor Compartido desarrollada por Michael Porter y Mark Kramer en 2011. Según esta visión, las empresas no solo pueden, sino que deben, ser más competitivas al mejorar las condiciones sociales y económicas de las comunidades donde operan.
No se trata de regalar, sino de integrar los problemas sociales al núcleo del negocio. Esa convicción fue la que me llevó, durante mi gestión como ministro de Minas y Energía (2013–2014), a dejar como legado la exigencia de la llamada Licencia Social para Operar, hoy asumida por el sector minero-energético. Cuando las empresas entienden y aplican este principio, ganan legitimidad, confianza y reputación.
El contraste con la gestión del Gobierno Nacional resulta inevitable. Aunque bien intencionada, la actuación del Ejecutivo frente a la crisis humanitaria en La Guajira ha estado marcada por la improvisación y los errores. El presidente de la República incluso decretó la Emergencia Económica, Social y Ecológica mediante el Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, motivado por el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH y de las órdenes de la Corte Constitucional, que desde la Sentencia T-302 de 2017 declaró el estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos del pueblo Wayuu.
Sin embargo, como bien decía Antonio Machado, no basta con hacer las cosas, hay que hacerlas bien. La Corte Constitucional terminó tumbando el decreto de emergencia al considerar que no se ajustaba a la Carta Política.
Entre los anuncios oficiales para resolver la falta de agua potable estuvo la propuesta de llevar un tubo desde el embalse de Rancherías hacia el norte del departamento. Incluso se conoció un proceso por 28 mil millones de pesos para estudios preliminares, que debía adjudicarse en julio de 2024. A la fecha, nada se sabe de ese proyecto.
Luego vino el anuncio rimbombante del entonces director de la UNGRD, Olmedo López, prometiendo que “el agua del cambio” llegaría a La Guajira, mientras la entidad permanecería en el territorio llevando agua en carrotanques hasta que naciera el inexistente Instituto de Aguas de La Guajira. Se compraron 40 carrotanques sin definir siquiera la fuente de abastecimiento. En Riohacha desfilaron como si fueran la solución definitiva, entre aplausos ingenuos y propaganda oficial.
Pero, como advierte José Manuel Marroquín en La perrilla, la previsión humana suele fallar. Y falló. Lo que debía ser una respuesta humanitaria terminó convertido en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno Petro, con la UNGRD como epicentro del saqueo.
Para rematar, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, arremetió públicamente contra los empresarios, invitando a sacar el dinero de los bancos Aval y atacando a otros grupos económicos. Frente a ello, La Guajira y los guajiros, gente agradecida, tenemos claro que es preferible reconocer a quienes encienden una luz, como lo ha hecho el Grupo Aval, que maldecir eternamente la oscuridad.
Porque al final, las comunidades no viven de discursos, sino de agua, dignidad y hechos concretos. Y en eso, las obras siguen siendo la mejor prueba del amor por La Guajira.
