Tres personas enfrentarán imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento este lunes 14 de julio
El juez segundo penal ambulante con funciones de control de garantías, Roberto Rodríguez, legalizó este viernes las capturas de Elena Ruiz Acosta, Heden Ahmed Pinto Fuentes y Kizay Salas Camargo, implicados en un presunto fraude con títulos judiciales. Las diligencias continuarán este lunes 14 de julio, cuando se realicen las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento.
Elena Ruiz y Kizay Salas se presentaron voluntariamente ante la justicia, con asesoría de sus defensores. En cambio, Heden Ahmed Pinto Fuentes fue capturado en vía pública por agentes del CTI cuando transitaba por el centro de Riohacha. La Fiscalía presentó los elementos materiales probatorios necesarios para que el juez considerara ajustadas a derecho las capturas de los tres procesados.
Se les imputarán cinco delitos graves
A los capturados, la Fiscalía les imputará los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y falsedad ideológica en documento público. Estos cargos están relacionados con la manipulación ilegal de procesos ejecutivos judiciales que les habría permitido apropiarse indebidamente de millonaria suma de dinero.
El fraude sería sistemático y data del año 2016
Al parecer esta actividad delictiva habría iniciado en 2016, cobrando títulos judiciales próximos a prescribir. En muchos casos, estos títulos pertenecían a personas fallecidas o a demandantes que desconocían que el dinero se encontraba en deposito y no lo habían reclamado. Se estima que el fraude podría superar los 2 mil millones de pesos, y que se utilizaban documentos falsos y poderes inexistentes para retirarlos.
Según los avances del proceso investigativo, Elena Ruiz Acosta habría comenzado a gestionar personalmente el cobro fraudulento desde el año 2020 de al menos 1.700 títulos judiciales, por un valor aproximado de 490 millones de pesos. Sin embargo, se presume que el grupo cobró una cantidad mayor de títulos, cuya totalidad aún está siendo calculada por los peritos financieros de la Fiscalía General de la Nación.
Se conoció de manera extraoficial que las víctimas podrían ser más de 1.000 personas naturales, muchas de ellas ajenas al proceso. Algunas ya habían fallecido cuando se reclamaron sus dineros, y otras jamás fueron notificadas. Por esta razón, muchas deberán ser reconocidas como víctimas procesales y ser acreditadas en la actuación penal.
Claves judiciales en manos equivocadas
Una de las piezas clave de la investigación es el testimonio de la jueza Yaneth Luque, quien se encuentra con quebrantos de salud. En declaración juramentada, ella admitió haber entregado su clave personal del sistema judicial a Kizay Salas Camargo, su secretaria de despacho, bajo el argumento de no poder manipular los equipos por su tratamiento. Esa decisión habría facilitado el acceso indebido a los expedientes y fondos judiciales.
Defensa de los capturados y reserva del caso
El abogado Antonio Luis Amaya Bendeth representa a Heden Ahmed Pinto Fuentes, mientras que Cristian Arregocés asume la defensa de Kizay Salas Camargo y se desconoce el abogado defensor de Elena Ruiz Acosta. La audiencia de imputación se llevará a cabo de forma reservada, a solicitud de la Fiscalía de Patrimonio Económico, a cargo del fiscal Víctor Hugo Fuentes, dado que podrían revelarse más nombres de funcionarios y de abogados litigantes involucrados.
