La contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira atraviesa una grave crisis que dejó a gran parte del departamento sin servicios activos. Hasta la noche del 30 de enero del 2026, al cierre del proceso, no se había adjudicado ni la mitad de los contratos, lo que puso en riesgo la atención de miles de niños y niñas, especialmente de comunidades indígenas. Hoy sábado 31 de enero continúan trabajando para tratar de subsanar la situación.
De acuerdo con versiones conocidas, el cierre del sistema Secop, tras presentar fallas técnicas, impidió terminar los procesos contractuales. Como resultado, más de la mitad de La Guajira quedó sin contratación vigente, afectando directamente los programas de primera infancia. “La primera infancia está sin protección”, advirtieron fuentes cercanas al proceso.
Fallas del sistema y reclamos oficiales
Ante la situación, la directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres, junto con su equipo, intervino de manera directa a la regional de La Guajira. Según se informó, se radicó un oficio ante el Secop para solicitar la habilitación de la plataforma y poder concluir la contratación que no se logró cerrar por las fallas del sistema.
Sin embargo, el problema no fue solo técnico. Diversas denuncias señalan que el proceso estuvo detenido por presuntas prácticas corruptas. Se habla de cobros ilegales para permitir la adjudicación de contratos, lo que habría generado retrasos intencionales y bloqueos administrativos que terminaron afectando a las comunidades más vulnerables.
Presuntos cobros ilegales en la contratación
El diputado de La Guajira, Luis Fernando Lobo, denunció públicamente que se exigían pagos indebidos. “Es que cobran dinero, exigir anticipos o porcentaje hasta del 5% como lo viene haciendo el señor Arlington hace 2 años”, afirmó en un video que circula en redes sociales.
Según los testimonios, fundaciones y organizaciones se negaron a pagar esos cobros, ya que el proceso es gratuito por norma. Esto habría provocado que los trámites se dilataran, se devolvieran documentos sin justificación y se pidieran nuevas subsanaciones, como forma de presión para obligar al pago del porcentaje exigido.
Intervención nacional y consecuencias sociales
Los montos solicitados variaban según el valor del contrato y, según denunciantes, podían ir desde 100 hasta más de 250 millones de pesos. “Nada más es coger una calculadora y hacer el cálculo”, señalaron, explicando que el 5% de contratos millonarios representaba cifras muy altas.
La gravedad del caso obligó a la directora nacional del ICBF a asumir el control de la regional de La Guajira con su equipo de asesores. De manera extraoficial, se conoció la salida de la directora regional May Bellini Badillo Brito, y el nombramiento de una madre comunitaria del departamento del Cesar, como medida para frenar la corrupción y recuperar la confianza en la institución en el departamento de La Guajira.
