La Procuraduría General de la Nación, en decisión de segunda instancia, destituyó e inhabilitó por 15 años a la señora Daissy Lorena Hernández de Fernández, en su condición de alcaldesa municipal de Maicao (La Guajira), por haber comprometido recursos provenientes de las regalías destinados para realizar acciones de promoción y prevención en salud, sin mediar los procesos de selección objetiva del contratista ordenados por la ley. 

 
Dentro de la determinación disciplinaria se destituyó e inhabilitó por el término de 10 años a la señora Gloria Henríquez Valdeblánquez, en su condición de alcaldesa municipal (e) del citado municipio.
 
De acuerdo con la investigación, entre los meses de octubre y diciembre se expidieron 29 resoluciones mediante las cuales se autorizaban “avances” de diferentes sumas de dinero que ascendieron a $2.315.000.000, fondos con los que se adquirieron bienes y servicios en algunos almacenes de víveres y droguerías de la ciudad de Maicao (La Guajira), sin el cumplimiento de formalidad alguna y sin ningún tipo de control.
 
En consecuencia, se produjo una desviación de recursos para fines totalmente diferentes de los enunciados “al punto de olvidarse de la población más pobre y vulnerable que debía ser la beneficiada, reflejado esto, en una mala prestación de los servicios de salud por el despilfarro de los recursos provenientes de las regalías asignados al sector salud del municipio de Maicao (La Guajira)».
 
Prueba de lo anterior es la compra de 3000 medias veladas, folletos y plegables “siendo el objeto de los recursos la alerta por dengue hemorrágico y malaria”; se invirtieron además más de 28 millones de pesos en pasacalles, folletos y plegables  cuando la finalidad de éstos recursos era la reducción de la morbimortalidad materna.
 
Advierte el Ministerio Público que no hubo un estudio de mercado, ni un análisis de la conveniencia y oportunidad para efectuar cada una de las adquisiciones que se hicieron en los diferentes establecimientos comerciarles. Se concluye entonces que se presentó un desvío de los recursos para fines totalmente diferentes de los enunciados. 
 
La decisión adoptada en primera instancia por la Procuraduría Regional de La Guajira, fue confirmada por la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal.