A la magistrada Ana Manuela Ochoa Arias se le aguan los ojos sin previo aviso. A veces, dice, las lágrimas le salen solas después de leer un expediente o escuchar un testimonio que la remueve hasta lo más profundo. No lo oculta lo que siente. Su trabajo en el caso del batallón La Popa, en jurisdicción del departamento del Cesar, le exige rigor jurídico, pero también la fortaleza emocional de quien carga el sufrimiento de otros como si fuera propio.
En diálogo con medios de La Guajira, la magistrada —indígena kankuama, abogada formada en derechos humanos y con amplia trayectoria en temas de niñez, conflicto armado y jurisdicciones étnicas— habló sin poses sobre la experiencia personal que le ha dejado oír a las víctimas. Recordó una entrega de informe en Villavicencio donde lloró desde que llegó hasta que se marchó. Una escena que, para ella, reflejó el dolor de un país que aún no se reconcilia con sus muertos, ni con las madres que esperan “aunque sea los huesitos” para despedirse con dignidad.
El caso del batallón La Popa le pesa: 135 personas asesinadas y decenas de desapariciones forzadas que continúan sin resolverse. Lo más duro, confiesa, no es leer cifras, sino mirar a los ojos a mujeres que están perdiendo la vista mientras esperan encontrar a sus hijos. Dolorosa también es la presencia de niñas de cinco años que llegan a acompañar a sus familias en las diligencias judiciales y que, al preguntarles por qué están allí, responden: “Buscando a mi hermano”, sin saber que buscan en realidad a un tío. Para Ochoa, esa transmisión del duelo entre generaciones es un golpe que nunca deja de sentirse.
El caso 03, relacionado específicamente con el batallón de Artillería N.º 2 La Popa, dejó como resultado la sanción de 12 comparecientes por el asesinato de víctimas que, en su mayoría, eran habitantes del Cesar y del sur de La Guajira. Las sanciones se impusieron a quienes aportaron verdad, reconocieron su responsabilidad y asumieron el compromiso de reparar a las familias afectadas.
En su voz hay seguridad cuando habla de principios. A quienes la ven como ejemplo, les dice que sí se puede llegar lejos, pero solo respetando las instituciones, las instancias y la dignidad de todas las personas, incluso de quienes cometieron crímenes atroces. Reitera que nadie anda solo, que detrás de cada decisión judicial hay una red humana —víctimas, equipos, comunidades— que sostiene, acompaña y exige. Por eso insiste en que incluso los responsables también necesitan ser vistos, porque la justicia requiere una verdad completa, no fragmentada.
Sobre el avance del caso, explica que 15 militares fueron llamados como máximos responsables: 12 aceptaron su responsabilidad y tres no. Los que negaron los hechos pasaron a un juicio adversarial ante otra sección de la Jurisdicción Especial para la Paz, donde deberán enfrentar un proceso más rígido y exigente. Sin embargo, para ella, lo jurídico no basta. Ya existen órdenes, sentencias e investigaciones; lo que falta es convertir esos documentos en acciones que sanen, reparen y cierren heridas abiertas durante décadas.
Ochoa reconoce que el país está saturado de órdenes incumplidas, pero insiste en que es posible avanzar si las instituciones se toman en serio su misión. “Hay que seguir creyendo”, dice con una mezcla de cansancio y valor. “Creer en la justicia, creer en este país, creer en que las víctimas merecen algo mejor”. Su mensaje no pretende sonar heroico; es, más bien, la convicción de una mujer que, entre lágrimas y coraje, sostiene un pedazo de la memoria nacional y se niega a dejarlo caer.
