¡Por qué digo no a la cadena perpetua!

Maureen Puente Vidal
Maureen Puente Vidal
Abogada, especialista en gestión pública, derecho probatorio, derecho público con experiencia en el sector público y privado por 25 años.

Como mujer, como madre, y como ser humano sensible a los problemas de la sociedad, en especial a los que deben enfrentar los menores como población más vulnerable de la sociedad, también me genera estupor y rechazo saber que contra un niño o niña se produce un crimen tan atroz.

Sin embargo, desconocer, como abogada, que la rama legislativa está conformada por personas que tienen un primordial interés de seguir gozando de la simpatía de los electores y que van a aprovechar cualquier aspecto que genere la sensibilidad necesaria en el conglomerado social, y que la mayoría de ellos, por muchos asesores que tengan en sus UTL, no son profesionales del derecho, sería tanto como desconocer la ausencia de una política criminal estable en Colombia.

La prisión perpetua está prohibida en la carta magna en su artículo 34 por Dios, y eso para no tocar el principio básico de la dignidad humana, se está aprovechando el impacto emocional y mediático que este tema genera para caer en un populismo punitivo al que ya nos tienen acostumbrados, ¿acaso nuestro país no hace parte de muchos tratados internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad?

Es iluso pensar que esta medida extrema contribuirá a la reducción de estas conductas punibles, eso nunca ha funcionado, los índices están en las estadísticas en que tanto ocupan a los fiscales sus superiores, pero que nunca funcionan. Las herramientas jurídicas y punitivas ya existen, pero se ha vuelto costumbre proponer y prometer lo que la gente quiere escuchar, así sepan los mismos congresistas que son inviables.

Colombia, como muchos países tiene un problema grande de conciencia social, un tema inherente al ser humano y que el entorno solo agrava o disminuye; es claro que la mayoría de las violaciones ocurren en los entornos familiares, es claro también que hay aspectos culturales inmiscuidos en un país multiétnico y pluricultural como el nuestro, hay una gama de variables que hoy la gente del común no pondera porque se piensa solo como familiar de una eventual víctima; pero ¿cuál sería la reacción si se ponen del otro lado?

¿Sería lo mismo acaso que el condenado a prisión perpetua sea el familiar que aún siendo el varón menor de edad se haya enamorado de una niña de 13 años de contextura gruesa, maquillada o que incluso aparente más edad que él y que por cuenta de los “excesos” de romanticismo puedan trascender a una relación sexual? Nuestra óptica inmediatamente cambiaría, es lógico.

Ahora bien, debemos enfatizar que el sistema penal vigente en Colombia con tendencia adversarial es un sistema para que se puedan defender las personas pudientes, así es, tal cual se lee de duro, porque con el principio de igualdad de armas se requiere que la defensa cuente con las mismas herramientas que la Fiscalía, lo cual solo se obtiene con recursos logísticos, humanos, científicos y de toda índole que implican un gasto.

Organismos como la Defensoría del Pueblo que prestan este servicio de manera gratuita, les proporciona el defensor, el investigador, pero, los peritos forenses, laboratorios para usar el método científico muy primordial en este sistema, profesionales de todas las disciplinas ¿de dónde los saca un asalariado para procurar la defensa de su hijo o incluso hija? Es bastante difícil.

Finalmente, a pesar que es un tema bastante extenso de tratar y con dificultades para interpretar algunos aspectos, mi intención es inquietar al lector a tratar de ser más objetivo frente a los temas de debate nacional y que a veces, como todo lo malo, creemos que pasa en otro lado y no aquí.

No quiero imaginar cuántas personas pueden ser injustamente condenadas por imposibilidad de defenderse, tenemos penas suficientemente altas y graves que solo bien aplicadas, puedan reducir al menos la impunidad de estos delitos, y también debo decirlo porque lo conozco muy bien, hay muchas personas condenadas injustamente por estos delitos con penas muy altas, con la sola palabra del menor, a veces utilizados por sus padres, y otros son condenados con el testimonio de sicólogos sociales comunitarios, que no tienen la formación académica y mucho menos son forenses pero laboran para el Icbf en este campo.

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