En el marco de su reintegro a las funciones constitucionales, el gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, fijó la posición del gobierno departamental frente al Decreto de Emergencia Económica expedido por el gobierno nacional, expresando su desacuerdo con las medidas fiscales contempladas en su desarrollo, al considerar que afectan la autonomía territorial y trasladan al nivel central competencias y recursos que corresponden a los departamentos.
El pronunciamiento del mandatario se da frente a disposiciones contenidas en el Decreto 1474 de 2025 y normas relacionadas, mediante las cuales se modifican estructuras tributarias asociadas a impuestos al consumo que históricamente han sido rentas propias de los departamentos.
Entre estos se encuentran los recursos derivados de licores, vinos, aperitivos, cigarrillos y tabaco elaborado, fundamentales para la financiación de sectores como la salud, la educación, el deporte y la atención a poblaciones vulnerables, incluidas las comunidades indígenas del territorio guajiro.
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Según la administración departamental, la centralización de estos recaudos o su modificación mediante incrementos tarifarios de alcance nacional tendría impactos fiscales negativos para las regiones. Medidas como el aumento del IVA del 5 % al 19 % en bebidas alcohólicas de alto grado o el ajuste de gravámenes al consumo reducirían los ingresos propios de los departamentos, incrementarían los precios al consumidor final y desincentivarían el consumo formal.
El gobierno de La Guajira también advierte que este tipo de disposiciones podría aumentar riesgos como el contrabando, afectando la sostenibilidad financiera de territorios que enfrentan altas brechas sociales y una fuerte dependencia de estos ingresos para garantizar servicios esenciales a la población.
En ese sentido, la administración departamental considera que el decreto de emergencia podría exceder los límites previstos en el artículo 215 de la Constitución Política, al no cumplir de manera estricta con los principios de necesidad, proporcionalidad y temporalidad que rigen los estados de excepción. A su juicio, la urgencia fiscal del orden nacional no puede ser fundamento para alterar el diseño del sistema tributario descentralizado ni para invadir competencias exclusivas de las entidades territoriales sin una justificación constitucional suficiente.
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Ante este escenario, y en respeto por el Estado de Derecho y la separación de poderes, la gobernación de La Guajira solicitó de manera respetuosa a la Corte Constitucional un pronunciamiento oportuno y prioritario sobre la constitucionalidad del decreto que declaró la emergencia económica, Decreto 1390 de 2025, así como de las medidas fiscales planteadas en su desarrollo, incluido el Decreto 1474 de 2025.
Finalmente, la administración departamental confirmó su defensa de la autonomía territorial y de los recursos que constitucionalmente le corresponden al departamento para garantizar la prestación de servicios esenciales a la población guajira, y anunció que permanecerá atenta a la decisión que adopte el alto tribunal.
