Una protesta que reclama atención para la alimentación de los niños en especial los de la etnia Wayuu, es el el reflejo de una crisis que hoy amenaza el derecho a la educación. Diez operadores educativos quedaron por fuera de la contratación oficial, dejando en incertidumbre a miles de niños en zonas rurales e indígenas del municipio de Uribia, norte de La Guajira.
Una de las organizadoras de esta mafiestación fue Jarena Pérez, representante de una fundación educativa, que este martes mantenían bloqueda la entrada de la alcaldía de municipal de Uribia y la vía férrea en área urbana. Allí, operadores, docentes y autoridades tradicionales alzaron su voz para exigir garantías que les permitan continuar prestando el servicio educativo en sus comunidades donde la escuela es, muchas veces, el único espacio de protección infantil.
Una contratación que no llegó a tiempo
Según los operadores afectados, la exclusión se produjo porque la administración municipal no logró cargar todos los contratos en la plataforma oficial del Secop antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, debido al calendario electoral. Aunque el plazo era conocido con anticipación, denuncian que los documentos se subieron en los últimos días, cuando el sistema podía colapsar.
Según Pérez, la versión oficial es que hubo fallas técnicas y falta de tiempo como causas del retraso. Sin embargo, los operadores consideran que esta explicación no es suficiente. Aseguran que desde julio del año anterior venían adelantando el proceso, cumpliendo estudios previos, requisitos legales y trámites administrativos exigidos para garantizar un inicio oportuno del calendario escolar.
Educación indígena y derechos fundamentales
Los operadores excluidos trabajan directamente con comunidades indígenas, bajo un modelo educativo propio que respeta la autonomía, la autoridad tradicional y la pertinencia cultural. Ceder los cupos a otras organizaciones, como se les ha propuesto, rompería ese principio y pondría en riesgo procesos construidos durante años.
Advierten, además, que una contratación directa o una licitación abierta no garantiza que los actores del territorio continúen al frente de la educación. “Cualquiera podría quedarse con los contratos”, señalan, lo que contradice sentencias judiciales y normas que protegen el derecho de los pueblos étnicos a administrar su propio modelo educativo.
Miles de niños en riesgo inmediato
Aunque no existe una cifra oficial consolidada, los operadores estiman que cerca de 7.000 niños y niñas podrían quedar sin atención educativa o iniciar el año escolar con retrasos significativos. Solo una de las fundaciones más pequeñas atiende alrededor de 500 menores, lo que da una dimensión de la magnitud del problema en todo el municipio de Uribia.
La incertidumbre también alcanza a transportadores escolares, docentes y madres comunitarias. Para muchas familias, la escuela no solo representa aprendizaje, sino alimentación, cuidado y estabilidad. Cada día sin contrato es un día en el que los derechos fundamentales de la niñez quedan en suspenso.
Gestión, voluntad y precedentes nacionales
Los operadores recuerdan que existen precedentes a nivel nacional. Entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante situaciones similares, han solicitado contingencias excepcionales en las plataformas de contratación y han logrado prórrogas legales para finalizar sus procesos sin afectar a los beneficiarios.
Por ello, exigen a la secretaría de Educación y a la alcaldía que expliquen qué gestiones realizaron ante las instancias nacionales. Hasta ahora, aseguran, no han recibido respuestas ni documentos que evidencien intentos de corregir la situación antes de que estallara la crisis.
No es desobediencia, es defensa del derecho
Uno de los puntos más sensibles es el señalamiento indirecto hacia los operadores, a quienes se les sugiere que no están priorizando el derecho a la educación por negarse a ceder sus cupos. Ellos rechazan esa narrativa y sostienen que cumplieron a tiempo con todos los requisitos exigidos por la administración municipal.
“La falla no fue nuestra”, insiste Pérez. A su juicio, la responsabilidad recae en quienes debían garantizar la contratación oportuna. Convertir ahora a los operadores territoriales en responsables del problema sería una forma de trasladar culpas y debilitar a quienes sostienen la educación en los lugares más apartados.
Educación, política y confianza institucional
Aunque circulan rumores sobre posibles favoritismos políticos en la asignación de contratos, Lo que sí afirman con claridad es que la mayoría de los excluidos son operadores del propio territorio, con experiencia y arraigo comunitario.
Lo cierto es que, garantizar el derecho a la educación no puede depender de improvisaciones administrativas. En contextos vulnerables, cada error institucional tiene rostro de niño. Resolver esta crisis es reconstruir la confianza entre el Estado y las comunidades donde la escuela sigue siendo un acto de resistencia.
