Restaurante El Reposo Merendero, en donde hicieron más de 32 mil comidas para alimentar a 121 policías durante más de tres meses.
Restaurante El Reposo Merendero, en donde hicieron más de 32 mil comidas para alimentar a 121 policías durante más de tres meses.
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Por las buenas llegó la señora Judith Leonor Fragoso Pimienta al despacho del gobernador de entonces, Jhon Eduardo Fuentes Medina, para que le cancelara la suma de 200 millones de pesos, que se consumieron en desayunos, almuerzos y cenas, los funcionarios públicos, miembros de la Policía Nacional.

Wilson Rojas Vanegas
Wilson Rojas Vanegas.

Los uniformados habían llegado a Riohacha como refuerzo para combatir la inseguridad ya que había una lista de 27 personas que iban a ser asesinadas. Era una situación que tenía agobiada a la población a final del año 2018 y comienzo del 2019 y la autorización de la alimentación la dio el gobernador de la época Wilson Rafael Rojas Vanegas.

Después de ir y venir al palacio departamental la señora Fragoso Pimienta se cansó, porque cada vez que lo hacía, descuidaba al restaurante El Reposo Merendero, y en más de una ocasión se le quemó el arroz.

Decidió entonces, contratar los servicios del reconocido abogado, oriundo del corregimiento de Cotoprix, Jaime Peralta Brito, para que se encargara de esos menesteres y ella seguir atendiendo a su fiel clientela con su exquisito sabor criollo.

Jaime Peralta Brito

Peralta Brito inicialmente preparó el proceso con todos los documentos y anexos y lo presentó ante el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Riohacha, a cargo de Carlos E. Yaspe Yaspe, la demanda de reparación directa contra el departamento de La Guajira y subsidiariamente, la Policía Nacional y ministerio de la Defensa.

En días pasados fue admitida siendo notificados todos los intervinientes en la misma, al igual que el Procuraduría Regional de La Guajira, que deberá llamar a conciliar a las partes, ya que Judith Leonor Fragoso Pimienta está exigiendo dos años después, más de 850 millones de pesos.

La Guajira Hoy dialogó con los dos exgobernadores Jhon Eduardo Fuentes Medina y Wilson Rojas Vanegas, para conocer que piensan ellos, en torno a este descalabro que tiene La Guajira, recurso que necesariamente hay que pagar porque el servicio se prestó, así lo certificó el comandante de Policía La Guajira, coronel Henry Sandoval Sánchez.

Jhon Eduardo Fuentes Medina
Jhon Eduardo Fuentes Medina.

Fuentes Medina indicó que no había una orden de prestación de servicios, ni mediaba un contrato, solo existía la cuenta de cobro de la señora Judith Leonor Fragoso Pimienta. «La situación la llevé al comité de Conciliación y la decisión fue que no se conciliara y ante esa circunstancia a mí se me salía de mis manos, porque primero está mi seguridad jurídica y ese proceso lo debía determinar un Juez de la República».

También Jhon Eduardo manifestó que, esos recursos hacen parte del Fondo de Seguridad el cual está integrado por las entidades de seguridad del Estado «y yo en ese Comité soy un funcionario más».

Por su parte, Rojas Vanegas, manifestó que en diciembre 2018 fueron asesinadas 11 personas en 8 días, era una situación compleja para Riohacha y después de un Consejo de Seguridad la decisión fue, traer 121 hombres de la Policía Nacional y se implementaron operativos conjuntos con el Ejército. El Departamento junto con el Distrito debieron correr con los gastos.

En contexto: 11 personas fallecen en 8 días, impresionante aumento de muertes violentas en Riohacha

Este fue uno de los consejos de seguridad que se realizaron en esos días en Riohacha para controlar el orden público.
Este fue uno de los consejos de seguridad que se realizaron en esos días en Riohacha para controlar el orden público.

«Debíamos darle la alimentación durante más de tres meses. En ese momento no teníamos facultades de la Asamblea para contratar, pero tuvimos que asumir el compromiso para salvaguardar la vida de los riohacheros y como Gobernador y secretario de Gobierno a la vez, era una prioridad para mí y me tocó tomar la decisión».

En su momento, el alcalde de Riohacha, Juan Carlos Suaza con su secretario de Gobierno, Ronal Gómez García asumieron el pago de 60 millones de pesos, los cuales fueron cancelados antes de culminar su administración.

Lo cierto es que, los funcionarios públicos no pueden desangrar al Estado de esa forma y para contrarrestar este actuar existe la Acción de Repetición Ley 678 del 2001 que en esta situación podría caber, siempre y cuando el gobernador Nemesio Roys Garzón desee ponerla en práctica y se convertiría en el primer gobernador de La Guajira en hacer uso de ella.

La Acción de Repetición es la facultad que tiene el Estado de repetir contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de estos, haya sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos.

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