Una decisión que castiga a los que menos tienen
Mientras en Bogotá se disparan los gastos del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en Riohacha —capital de uno de los departamentos más pobres del país— se cierra su punto de atención principal. Según denuncias ciudadanas, la medida responde a una estrategia nacional que busca volver ‘institucional’ el servicio, pero trasladando todos los costos a entidades locales que no tienen cómo asumirlos.
Funcionarios a la deriva y en condiciones precarias
Los trabajadores del punto en Riohacha denuncian que serán dejados a su suerte: sin garantías laborales, sin espacios dignos para atender al público y sin siquiera aire acondicionado, algo esencial en una ciudad con temperaturas altas. Desde hace más de un año, el lugar opera sin este servicio básico, afecta tanto a funcionarios como a usuarios, sin que nadie gestione una solución.
Temporada alta, atención mínima
El panorama es más preocupante en temporada alta, cuando miles de usuarios acuden al FNA por retiros de cesantías. Aun así, los pocos funcionarios que quedan deben atender en condiciones deplorables. Cuando hay quejas, la administración central responde culpando a los trabajadores, sin asumir responsabilidad por el ambiente inadecuado o la falta de personal.
Decisión política que afecta a toda una comunidad
La indignación crece al conocerse que se pretende trasladar el punto de atención a San Juan del Cesar, municipio donde también se necesita el servicio, pero que no debería reemplazar al de la capital. Esto dejaría sin empleo a más del 50 % del personal, incluyendo vigilantes, personal de aseo y contratos directos. El traslado, según fuentes, respondería a intereses políticos y no a una mejora en la cobertura.
Gastos millonarios en Bogotá, recortes en las regiones
Según una veeduría ciudadana, mientras se cierran puntos en regiones vulnerables, en la sede central del FNA los gastos aumentan de forma alarmante. Solo en comisiones, publicidad, viajes y contratación temporal, se han registrado sobrecostos por más de $245.000 millones entre 2022 y 2024. La cifra equivale a casi un cuarto de billón de pesos, en momentos en que se recortan subsidios y servicios en todo el país.
¿Quién responde por el desfalco?
La presidenta actual del FNA, Laura Roa Zeidan, ha sido señalada por su falta de experiencia en altos cargos. Su trayectoria previa incluye trabajos de misión y contratos de bajo perfil. Sin embargo, hoy lidera una entidad que, según denuncias, ha sido manejada con criterios políticos y no técnicos, priorizando intereses personales sobre las verdaderas necesidades de los usuarios.
La Guajira excluida, Bogotá enriquecida
Mientras en La Guajira se cierran puertas, en Bogotá se contrata personal ‘recomendado’ con sueldos exuberantes. Algunos ni siquiera cumplen funciones concretas, pero siguen en nómina. La comunidad se pregunta si el presidente Gustavo Petro está al tanto de lo que ocurre en esta entidad que, con discursos de modernización, está dejando sin empleo, sin atención y sin esperanza a miles de colombianos.
En este momento, el edificio donde funcionaba el fondo está cerrado, tiene aviso de ‘se arrienda’ en estos momentos están buscando en el edificio de la alcaldía de Riohacha o en Gobernación un espacio para abrir una mini oficina en donde se resuelve nada.
Históricamente cuántos o cuáles fueron los proyectos en los que se podía comprar por medio del FNA en Riohacha?