Un contrato que nació con el discurso de llevar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira terminó convertido en uno de los episodios más graves de presunta corrupción que hoy sacude al alto gobierno y al Congreso. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), por su presunta participación en el direccionamiento de millonarias dádivas con recursos de la Ungrd.
Ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, el ente acusador imputó a González Merchán los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. Según la Fiscalía, los hechos se habrían presentado entre septiembre y octubre de 2023, cuando el entonces funcionario habría usado su posición para ordenar pagos ilegales a congresistas clave.
La ruta del dinero y los favores políticos
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, González Merchán habría dado instrucciones directas al entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Olmedo de Jesús López Martínez, para entregar 4 mil millones de pesos en coimas a Iván Leonidas Name Vásquez, expresidente del Senado, y a Andrés David Calle Aguas, expresidente de la Cámara de Representantes.
La Fiscalía sostiene que 3 mil millones de pesos habrían sido destinados al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova. En paralelo, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, habría trasladado mil millones de pesos hasta Montería, Córdoba, con destino al representante Calle Aguas.
La Guajira, una herida abierta que vuelve a quedar al descubierto
Lo más grave del caso es el origen de los recursos. El dinero presuntamente utilizado para pagar las dádivas provenía de un contrato destinado al suministro de 40 carrotanques para transportar agua potable a comunidades indígenas de la Alta Guajira, una de las regiones más golpeadas históricamente por la escasez de agua y el abandono estatal.
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Para la Fiscalía, este episodio no solo revela una presunta red de corrupción de alto nivel, sino también el uso político de recursos que tenían un fin humanitario urgente. La investigación deja al descubierto cómo una estrategia diseñada para atender una crisis social terminó, según el ente acusador, financiando acuerdos bajo la mesa para asegurar apoyos en el Congreso.
Mientras el proceso avanza en la Corte Suprema, el caso vuelve a poner a La Guajira como símbolo de promesas incumplidas y de un Estado que, incluso en medio de la emergencia, habría permitido que el agua se desviara hacia la corrupción.
