El entonces teniente coronel es uno de los comparecientes de la JEP en un acto de reconocimiento temprano que está en proceso de reparación
El acto realizado en la ranchería Polumana de Albania a unos 20 minutos de la cabecera municipal, la mañana de este viernes 26 de abril, es quizás el primer hecho temprano de reconocimiento de la responsabilidad penal de un oficial del Ejército Nacional en la Península quien confesó que con su anuencia, se pudo legalizar como muerte en combate del indígena Wayuu.
El homicidio se cometió contra un nativo perteneciente a una vereda de la zona al que vistieron con prendas del Ejército Nacional y presentaron a las demás autoridades y medios de comunicación, como un guerrillero abatido al enfrentar las tropas.
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El operativo en el que asesinaron al indígena fue perpetrado en una operación conjunta desarrollada por la unidad operativa del Grupo Gaula de La Guajira y el Grupo de Caballería Mecanizado N° 2 Coronel Juan José Rondón. El oficial que debía responder por este personal militar era el entonces capitán Camilo Rodríguez Álvarez, comandante del Gaula.
El oficial siempre estuvo al tanto de lo que estaban haciendo sus hombres, cuando de manera injusta y criminal, acabaron con la vida de Alfredo Uriana Ipuana, entonces un joven de unos 30 años de edad que se dedicaba a la agricultura y el pastoreo de sus chivos.
Después de 20 años se hace justicia
Fue el 5 de septiembre de 2004, cuando los militares sorprendieron al pastor de ovejas y chivos en el sitio conocido como Santa Cruz de la Sierra de la vereda La Horqueta en el municipio de Albania y tras someterlo le dieron muerte para luego presentarlo como un guerrillero dado de baja al enfrentarlos.
En una versión de comparecencia voluntaria desarrollada en la ciudad de Valledupar, el ahora teniente coronel Camilo Rodríguez Álvarez, reconoció su responsabilidad en el homicidio cometido en contra del nativo Uriana Ipuana.
Con estos datos, los familiares del aborigen, principalmente su sobrino José Eduardo Paz Uriana, quien llevaba mucho tiempo tratando de demostrar que su tío no era una persona al margen de la ley, tiene la oportunidad de iniciar un proceso para limpiar el buen nombre y hacer un homenaje a la memoria de Alfredo Uriana Ipuana.
Acuerdo de víctima y compareciente
El 5 de septiembre de 2023, José Eduardo Paz Uriana y el compareciente Camilo Rodríguez, se pusieron de acuerdo y solicitaron al secretario ejecutivo y al presidente de la JEP, la implementación de un ejercicio restaurativo en la comunidad wayuu a la que pertenece Paz y la que integró Alfredo.
En respuesta, se apoyó en el diseño de un acto de reconocimiento temprano de responsabilidad para las víctimas y la población de la comunidad de Polumana, cerca al municipio de Albania, donde se encuentra ubicada la familia víctima.
Ese acto que se acordó a instancia de la JEP, fue el que se realizó este viernes con la presencia del magistrado de la Sala de Instrucción Oscar Parra Vera, quien estuvo todo el tiempo muy atento a lo manifestado por los líderes y lideresas de la comunidad, y al final reconoció la entereza de la víctima José Eduardo Paz, para poder demostrar la inocencia de su tío, cuando ni la Fiscalía le quiso recibir la denuncia que trató de presentar por el crimen cometido contra Alfredo Ipuana.
El magistrado también reconoció la gallardía del compareciente para poner la cara y reconocer su responsabilidad en el atroz crimen, e invitó a muchos oficiales activos y otros en retiro para que colaboren con la justicia y confiesen su participación en los homicidios cometidos por fuera de combate y ‘legalizados’ como abatidos en una confrontación armada.
Piden una reparación territorial
Para el wayuu es muy importante el territorio, quien no lo posee es considerado entre ellos como una especie de paria y es por eso por lo que cuando se toca el tema de la reparación a las víctimas hablan que lo primero debe ser la entrega de un territorio y para eso han convocado a la agencia de tierras.
Después de territorio, le dan gran valor a la composición familiar, donde se diferencian de los que ellos llaman ‘occidentales’, porque mientras estos hablan de padre, madre y hermanos, para ellos la familia es mucho más larga y los hijos de las hermanas tienen los mismos derechos por lo que se está hablando es de una reparación de naturaleza colectiva en una familia que puede crecer mucho. Ellos también consideran los ‘derechos del territorio’ donde se produjo el crimen.
Dice que es un hombre abatido y arrepentido
Camilo Rodríguez Álvarez, el teniente coronel en retiro, compareciente, y quien decidió confesar lo que considera la verdad, dice que deshonró la institución y le falló a su familia, a su padre, otro militar que perteneció a la Fuerza Aérea Colombiana.
“Por todos estos desafueros que cometí, también perdí a mi esposa, me alejé del resto de mi familia, pero estoy dando la cara por mi falta”, le dijo al periodista de este medio de comunicación.
Este oficial en retiro que decidió no seguir cargando con el peso de su conciencia, en su intervención envió un mensaje a los restantes miembros de la Fuerza Pública que cometieron conductas iguales o parecidas a su suya, de los que cree hay muchos, donde los invita a despojarse de esa carga que los enferma y confiesen ante la JEP lo que puedan decir sobre su conducta salida de los parámetros de la legalidad, para que también lleven tranquilidad a las víctimas.
