Este lunes 2 de febrero, el Consejo de Estado dio un paso importante en el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La entidad admitió una demanda que busca la pérdida de investidura de nueve congresistas, (entre ellos dos guajiros) entre senadores y representantes, señalados de presunta participación en irregularidades financieras que afectaron recursos públicos vitales.
El caso ha sacudido la opinión pública y pone nuevamente el foco en la responsabilidad de los legisladores en la supervisión de entidades estatales. La demanda representa un esfuerzo judicial por establecer límites claros entre la función política y los actos que podrían constituir corrupción, en un momento delicado para la credibilidad del Congreso.
Congresistas guajiros bajo la lupa
Entre los implicados figuran la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, y el representante Juan Loreto Gómez Soto, del Partido Conservador. También se mencionan otros congresistas que obtienen relación con el departamento de La Guajira, como la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Verde, y el representante Wadith Manzur, quien busca ahora un escaño en el Senado. La admisión de la demanda significa que sus actuaciones serán examinadas con lupa jurídica y mediática.
La acción legal fue interpuesta por el abogado Pablo Bustos, quien representa a algunas víctimas del pueblo wayuu en el proceso penal por el desfalco a la Ungrd. Bustos argumenta que los congresistas habrían incurrido en tráfico de influencias y violaciones al régimen de incompatibilidades, presuntamente gestionando contratos y puestos a cambio de favorecer proyectos de ley del gobierno.
Declaraciones que sacudieron el caso
El fundamento de la demanda se apoya en declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Ambos, al negociar preacuerdos con la Fiscalía, revelaron detalles de la red de corrupción que involucraba a funcionarios y políticos, contribuyendo a esclarecer el alcance del desfalco. Estas revelaciones son clave para determinar responsabilidades políticas y posibles sanciones.
El proceso también reabre el debate sobre la ética en la política y la necesidad de transparencia en la gestión pública. Más allá de las sanciones, la demanda refleja la preocupación por garantizar que los recursos del Estado se destinen realmente a quienes más los necesitan, especialmente comunidades vulnerables como la wayuu, afectadas por las decisiones de quienes ocupan cargos públicos.
Impacto y expectativas
La decisión del Consejo de Estado podría redefinir la carrera política de los congresistas involucrados y marcar un precedente en la lucha contra la corrupción en Colombia. Mientras tanto, organizaciones sociales y ciudadanos siguen atentos a cada avance, esperando que la justicia actúe con rigor y que la política vuelva a conectar con el bienestar colectivo, lejos de intereses particulares y negociaciones oscuras.
