La decisión judicial cae como un recordatorio duro y necesario. Tras años de espera, la magistrada Paulina Leonor Cabello Campo resolvió abrir formalmente un incidente por desacato dentro del proceso de tutela promovido por autoridades indígenas wayuu de las comunidades Santa Rosa y Arroyo Guerrero, en la Alta y Media Guajira, en juriusdiccion del distrito de Riohacha, cansadas de promesas sin cumplir.
Las comunidades acudieron a la justicia al sentir que las órdenes dadas en la sentencia T-556 de 2017 no se tradujeron en acciones sobre el territorio, la alimentación, la salud y la protección de su gente, especialmente niños y familias vulnerables.
Una tutela que sigue abierta por incumplimiento
El incidente apunta a funcionarios de alto nivel de varias entidades del Estado, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras, el Icbf, la alcaldía de Riohacha, la gobernación de La Guajira, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, llamados a explicar por qué no se cumplieron las órdenes judiciales.
La magistratura busca establecer, de forma concreta, si hubo avances reales en la clarificación de predios a cargo de la Agencia Nacional de Tierras, un punto clave para la seguridad territorial de las comunidades wayuu, que siguen viviendo en medio de la incertidumbre sobre sus tierras ancestrales.
Órdenes claras que siguen sin aterrizar
La sentencia T-556 de 2017 ordenó acciones precisas. Entre ellas, visitas de campo del Icbf, la alcaldía y la gobernación para identificar necesidades urgentes en salud, alimentación y oferta social, con el objetivo de garantizar la supervivencia de estas comunidades indígenas.
También ordenó al Procurador y al Fiscal General conformar un equipo especial para vigilar el cumplimiento de la decisión y adelantar investigaciones penales y disciplinarias. Ese seguimiento debía ser constante y reportado de manera trimestral, algo que hoy sigue siendo cuestionado por el despacho judicial.
Funcionarios llamados a responder
En el auto se individualiza a los funcionarios presuntamente responsables del incumplimiento. La lista es larga y refleja la dimensión institucional del problema. No se trata de un error aislado, sino de una cadena de omisiones que, según la magistratura, deben ser explicadas con hechos y documentos.
La decisión ordena correr traslado a los funcionarios para que, en un plazo de tres días, informen qué hicieron, qué no pudieron hacer y por qué. El mensaje es directo: el tiempo de las excusas se agotó y ahora toca responder con claridad.
Representación comunitaria bajo revisión
El proceso también pone la lupa sobre la representación de la comunidad de Arroyo Guerrero. La magistratura requirió por última vez a Clarena Fonseca Uriana para que demuestre, con pruebas, su legitimidad como representante indígena dentro del proceso.
Además, se pidió al Ministerio del Interior aclarar si existe formalmente la comunidad denominada “Arroyo Guerrero” o si se trató de un error de transcripción con “Arroyo Grande”, un detalle que, aunque parece menor, tiene peso legal y administrativo.
Le puede interesar: Comunidad wayuu pide a la CIDH proteger sus derechos frente a PTAR
Protección de información y cierre de puertas
El auto judicial ordena proteger la información reservada enviada por la Fiscalía y niega las solicitudes de desvinculación presentadas por algunos funcionarios convocados. Para el despacho, no hay razones suficientes para sacarlos del proceso en esta etapa.
La magistratura en decisión manifiesta que el incidente continúa sin marcha atrás. No es un gesto intimidante, es el último llamado serio a cumplir lo ordenado. Para las comunidades wayuu, la decisión no borra años de espera, pero sí vuelve a encender una esperanza: que la justicia deje el escritorio y camine, al fin, sobre su territorio.
