Rectora de I.E. de Paraguachón en La Guajira denuncia que la quieren asesinar

Dos amenazas a recibido este año la rectora Georgina Deluquez Torregrosa y se preocupó aún más cuando conoció del atentado criminal del que fue objeto, el rector de la I.E. Número 8 de Maicao, Hader Enrique Escobar Martínez, hecho de sangre ocurrido en horas de la noche del viernes 21 de junio, por lo que dice que tiene mucho miedo porque cree que la van a asesinar.

 

Asegura que, “las autoridades indígenas Wayuu dueñas del territorio pareciera que las escuelas fuera la única forma de vida y se han trenzado, a mi juicio en peleas, incluso entre ellos, dejando entonces, a los maestros y a los estudiantes en medio de esas disputas por contratos que tengan que ver con el transporte escolar”.

 

 

Manifiesta que, las amenazas que ha recibido es porque ella pisa muchos cayos “hay algunos elementos que pretenden apropiarse, hacer de la educación rural su negocio. Yo sí tengo temor por mi vida, pero es que yo no quiero dejar mi trabajo. En estos últimos cuatro años he sido amenazada en dos oportunidades, amenazada de muerte y he puesto las denuncias en la Fiscalía”.

 

 

Precisa la rectora que, ha denunciado en defensa de la educación, de esos niños, dando a conocer la grave situación a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, a la secretaría de Educación y al alcalde en su momento. “Y en la noche me llegó un mensaje de texto que me decía que me quedara quieta, que no me metiera más en él su problema así textualmente porque le hacía más falta a una escuela que a un cementerio. La última amenaza la recibí el 17 de enero”.

Dice que tiene mucho temor por su vida “fui al sepelio del profesor acompañada de la Policía Nacional; aunque no me gusta porque soy una persona libre para tener que andar con dos policías al lado. Pero me tocó hacerlo, porque esto no va en juegos, pero tampoco me voy a encerrar y no me quiero ir de Paraguachón, no me quiero ir de aquí. Eso sí, yo quiero que le quede claro a todo el mundo, no me quiero ir y no me quiero callar, lo cierto es que, lo que está mal hecho, hay que denunciarlo”.

 

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También denuncia que, “al momento de la vinculación del docente, este debe pagar cuotas para trabajar allí. Algunos pagan desde 300 mil hasta 500 mil pesos mensuales”. Advierte que eso está sucediendo en diferentes instituciones educativas en zona rural con influencia en comunidades de la etnia Wayuu, en La Guajira.

 

Añade la rectora que, existe insuficiencia en el transporte escolar y cuando se ha tratado de promover el uso de la bicicleta o la utilización del noble asno, dice la autoridad que eso no se puede, tiene que ser carro y los maestros que vienen a trabajar aquí ya saben esa condición y tienen que dar la cuota. “Yo me resisto a eso, pero los profesores acceden a esas pretensiones”.

 

En medio de su denuncia social se refirió el extinto profesor, diciendo que “un hombre pacificador, sin tacha, hombre de buen diálogo, de muy buena aceptación. No tenía problemas con nadie. Nadie conoce todavía que el haya recibido una amenaza, pero sí está claro. El deseo era quitarlo del medio, entonces, que sean las autoridades las que investiguen”.

 

Ella cree que el profesor seguramente recibió alguna amenaza “pienso que debió haber algo, pero el profe no denunció, quizá porque no creyó o no le pareció importante. Yo considero que en La Guajira no se pueden seguir naturalizando las cosas, que la comida de los niños se pierda, que el transporte escolar sea usado para todo, menos para satisfacer la necesidad de transporte de los niños y que no se reconozca que el ministerio de Educación lo ha establecido es como una estrategia de permanencia, no como premio”.

 

Finalmente, dijo que ella desea que esta denuncia llegue si es posible a la presidencia de la República. “Aquí están ocurriendo muchas cosas que yo sé que el alto gobierno desconoce. Se acaba de perder una vida y el profe no se merecía eso”.